Gustavo Weiss asegura que ya hay "telegramas de despidos"

El presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió sobre la grave situación que enfrenta el sector luego de que Javier Milei anunciara la conclusión de la obra pública a partir de su mandato el 10 de diciembre, generando envíos masivos de telegramas de despido y el riesgo de quiebra para numerosas empresas.

Las repercusiones de las declaraciones de Javier Milei sobre el fin de la obra pública en Argentina se han dejado sentir con fuerza en la industria de la construcción. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), reveló que muchos trabajadores del gremio han recibido telegramas de despido en respuesta a la estrategia del presidente electo de paralizar todas las obras públicas financiadas por el Estado nacional a partir de su asunción el 10 de diciembre.

La estrategia de Milei, según sus propias palabras, busca enfrentar el déficit fiscal del país, considerado el más grande de la historia, mediante la eliminación de la obra pública. No obstante, Weiss expresó su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de esta decisión, advirtiendo que dejaría a "300 mil personas en la calle" y poniendo en peligro a numerosas empresas del sector.

"No tenemos plata", señaló Weiss, enfatizando la difícil situación financiera que enfrentaría la industria de la construcción si se implementa la medida propuesta por Milei. Además, alertó que muchas empresas podrían encontrarse al borde del concurso de acreedores, afectando tanto a empleados directos como al trabajo indirecto, ya que la paralización de la obra pública tendría un impacto en las fábricas de insumos.

Las empresas, según Weiss, están emitiendo facturas con 60 días de antelación y advirtiendo que no ejecutarán más proyectos si no se les paga. La incertidumbre y la posibilidad de una crisis económica en el sector de la construcción se han intensificado, generando un clima de preocupación entre los actores involucrados.

Las declaraciones de Milei, quien insiste en que la obra pública debería ser realizada por iniciativa privada a través de licitaciones, han desencadenado un debate sobre el impacto económico y social de esta decisión radical, mientras la industria de la construcción enfrenta una encrucijada que podría tener consecuencias a largo plazo.