La doble trampa argentina: impuestos asfixiantes y economía en negro

Uno de los mayores dilemas estructurales de la economía argentina es la convivencia de dos políticas que, lejos de corregirse entre sí, se alimentan mutuamente: por un lado, la persistente negativa del Estado a reducir la presión impositiva; por el otro, su pasividad ante una economía informal que ya representa cerca del 40% del PBI.

En lugar de atacar de raíz estos problemas, se ha consolidado una especie de pacto implícito: se castiga con impuestos excesivos a quienes cumplen y, al mismo tiempo, se tolera —cuando no se estimula— la informalidad. Esta doble moral termina profundizando la desigualdad, debilitando al sector productivo y erosionando la confianza en el sistema.

El costo fiscal de operar en blanco es uno de los mayores desincentivos a la formalidad. Contratar un empleado implica para una empresa asumir un sobrecosto cercano al 60% adicional en cargas sociales, aportes y contribuciones.

Este peso, que afecta principalmente a las pymes y a los sectores con mayor potencial de crecimiento, no sólo frena la creación de empleo registrado, sino que pone en jaque al propio sistema previsional. Cada vez hay más jubilados y cada vez menos aportantes genuinos.

El resultado es un sistema que cruje, financiado parcialmente con impuestos generales y deudas, mientras millones de trabajadores siguen sin cobertura, derechos ni aportes.

Emprender para morir: el costo de nacer legalmente

Emprender en este contexto es casi un acto de fe. En lugar de recibir incentivos, los nuevos proyectos enfrentan desde el día uno una avalancha de obligaciones fiscales, anticipos, monotributos distorsionados y una burocracia que desgasta.

En un país que necesita desesperadamente nuevos generadores de empleo y riqueza, el Estado aparece como el primer y más caro proveedor… de obstáculos.

No sorprende que gran parte de los emprendimientos mueran antes del primer año, o que directamente opten por operar en negro como única forma de sobrevivir al arranque.

Esta dinámica también genera una competencia desigual. Las empresas que deciden cumplir con la ley se encuentran en clara desventaja frente a quienes no pagan IVA, no emiten facturas y no registran empleados.

¿El resultado? La informalidad se vuelve más rentable. Quien hace las cosas bien pierde frente a quien evade, y el mensaje que se instala es profundamente corrosivo: cumplir no conviene.

Pero tal vez el fenómeno más alarmante —y silencioso— es la fuga de empresas que nacieron en Argentina, pero deciden mudarse al exterior.

En particular, muchas startups tecnológicas y empresas de servicios exportables se radican en Uruguay, Estados Unidos, Estonia o cualquier otro destino que ofrezca menos carga fiscal, reglas más claras y seguridad jurídica. El talento se queda, pero la facturación se va.

Y con ella, se pierden dólares que el país necesita con urgencia. No es por falta de patriotismo, sino por supervivencia.

Sin reforma no hay futuro

La combinación de alta presión fiscal, informalidad estructural y desincentivos al cumplimiento ha construido un sistema profundamente injusto y poco eficiente. La solución no pasa por crear más impuestos ni más regímenes especiales.

Hace falta una reforma estructural y valiente: bajar impuestos reales, simplificar el sistema, formalizar con incentivos y terminar con el doble discurso. Mientras sigamos castigando al que cumple y premiando al que evade, el país seguirá girando en círculos.

Es momento de elegir: o seguimos atrapados en esta trampa que desalienta el trabajo formal, la inversión y el crecimiento, o decidimos construir un sistema que premie el esfuerzo, promueva la formalidad y permita que producir en Argentina no sea un castigo, sino una oportunidad.