Subida de precios y dolarización en el mercado de alquileres

A tan solo cuatro días de las elecciones PASO, se han registrado aumentos mensuales del 20% para aquellos que han firmado nuevos contratos o extensiones. Además, se ha observado la dolarización de algunos acuerdos, y se están llevando a cabo actualizaciones cada tres meses, a pesar de la Ley de Alquileres establecida en 2020.

Una fuente destacada en el sector inmobiliario compartió con este medio en el marco del evento Expo Real Estate, que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero, que "el mercado de alquileres está en crisis desde el lunes. Si ya había desequilibrio antes, ahora la situación se ha vuelto sumamente compleja". Esta sensación de inestabilidad fue generalizada entre los asistentes al evento.

En el contexto actual, un departamento de tres ambientes en la ciudad de Buenos Aires tiene un costo mensual cercano a los $250,000, una cifra considerable para un asalariado que también enfrenta las repercusiones de una nueva devaluación desde el lunes.

Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) en Buenos Aires, enfatizó que "estamos perdiendo clientes, ya que muchos propietarios están optando por prorrogar los contratos con sus inquilinos o establecer nuevos acuerdos. Estamos muy preocupados, y la realidad es que cuando existen leyes deficientes, los resultados son negativos".

En los últimos días, la cartera de propiedades manejada por las inmobiliarias ha disminuido entre un 15% y un 30%, y la falta de control está ganando terreno. Desde el lunes, los propietarios prefieren renegociar directamente con sus inquilinos en lugar de seguir los patrones anteriores.

Emilio Caravaca Pazos, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), expresó su inquietud y comentó: "Esperamos que el próximo miércoles en el Congreso nacional se tome el primer paso para corregir esta situación. Creemos que los contratos deben volver a tener una duración de dos años y encontrar otras formas de ajuste que no perjudiquen tanto a los inquilinos".

La dolarización se ha vuelto aún más evidente, ya que se establece un monto en dólares que se paga en pesos, y en algunos casos, en efectivo directamente en moneda estadounidense. "Nadie quiere perder frente a la inflación y la devaluación. Algunos inquilinos se ven obligados a aceptar ajustes trimestrales debido a la falta de opciones de vivienda; la situación es dramática", describió Liotto.

Se ha llegado a la conclusión en la Expo Real Estate de que se ha perdido mucho tiempo en relación con la Ley de Alquileres, que demostró rápidamente su ineficacia pero no fue modificada. "El Congreso estuvo paralizado durante tres años y no abordó este tema. No habrá mucho movimiento hasta octubre. Sin importar el resultado electoral, habrá un cambio en la composición del Congreso antes de fin de año, lo que obligará a superar la parálisis actual", afirmó Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de Mauricio Macri y miembro de la Fundación Pensar.

La percepción generalizada es que la ley es deficiente, los créditos hipotecarios son inaccesibles y los montos para los nuevos contratos se han triplicado.

Kerr añadió que el Gobierno ha dudado en defender los derechos de la propiedad privada, y "han presentado al propietario como el villano de la historia".

En general, se concuerda en la necesidad de reducir el costo de las garantías inmobiliarias y simplificar los procesos de desalojo. También se busca fomentar el alquiler tradicional de viviendas en lugar de la opción temporal.

En las zonas interiores del país también se han observado aumentos significativos, según Cavacaz Pazos. Los contratos que se están renegociando o estableciendo en la actualidad superan el 110% establecido por el Índice de Contratos de Locación (ICL) regulado por el Banco Central. Además, en las ciudades turísticas, la oferta de alquileres tradicionales es limitada: los propietarios están equipando sus viviendas y alquilándolas temporalmente. "Es difícil encontrar una vivienda para una familia, por ejemplo", señaló.

Kerr concluyó afirmando que "el Estado no debe intervenir en los ajustes. Se necesita generar seguridad jurídica, desregular el mercado y permitir que las partes negocien como deseen, al igual que ocurre en muchos otros mercados".