Nueva ley de Promoción del empleo formal
Entre 2003 y 2013 se crearon alrededor de 6 M de empleos. Por su parte, la tasa de empleo no registrado en los últimos 10 años disminuyó de 49% en 2003 a 34% en 2013. No obstante estos avances, el trabajo no registrado sigue siendo hoy un tema a resolver en nuestro país.
En este contexto, el proyecto de Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral resulta una propuesta considerable ya que busca “preservar y aumentar el trabajo de calidad con protección social”, para estimular la formalización laboral mediante mecanismos de incentivos a los empleadores que registren a sus trabajadores, y de sanciones a quienes no cumplan con las normativas.
El proyecto de ley contra la precarización laboral, que ya tiene media sanción en el Senado de la Nación, obtuvo dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto de la Cámara baja, de manera que seguramente se debatiría en el recinto y podrá convertirse prontamente en ley.
La actual legislación laboral no termina de acertar con los incentivos. Por eso, el proyecto de ley propone la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), donde se hará pública la información de aquellas empresas que tengan algún tipo de sanción por infracciones en materia laboral (relación laboral no registrada; trabajo infantil y adolescente; entre otras). De entrar en vigencia, este registro podría afectar la “imagen social” de los empleadores sancionados, a lo que se sumarán otras medidas punitivas, como la pérdida de acceso a los programas de fomento, beneficios o subsidios del Estado Nacional durante el plazo en que las empresas figuren en el Registro; tampoco podrían acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas, ni celebrar contratos con el Estado Nacional.
Complementariamente a la profundización de las sanciones, el proyecto determina un sistema de incentivos a los empleadores que formalicen a sus trabajadores, mediante dos regímenes especiales. Por un lado, propone establecer un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para micro-empleadores, es decir, para aquellas personas físicas, Sociedades de Hecho y Sociedades de Responsabilidad Limitada que tengan hasta 5 trabajadores, y que no superen un determinado nivel de facturación anual. Estas microempresas se beneficiarán de una reducción de las contribuciones patronales y de la fijación de un monto máximo en las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo.
Por otro lado, el proyecto también propone un Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, mediante el cual los empleadores que produzcan incrementos netos en sus nóminas de personal podrán acceder a una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a las nuevas incorporaciones, por un plazo de 24 meses. Estas reducciones serán diferenciadas de acuerdo al tamaño de los empleadores, otorgándole los mayores beneficios a las micro y pequeñas empresas que aumenten su dotación de personal.
Es probable que mediante un sistema de promoción y sanciones, numerosas empresas tengan mayores incentivos para blanquear la situación de sus empleados, lo que beneficiará a cientos de trabajadores que hoy en día se encuentran en situación de informalidad, a las empresas por mejorar su “imagen social”, acceder a beneficios fiscales y crediticios, y en definitiva, al conjunto de la sociedad.
