Los comercios dejan de pagar el aporte obligatorio a INACAP

Desde el 1º de junio, los comercios de todo el país ya no están obligados a realizar el aporte mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), según lo dispuesto por el Decreto 149/2025 del Gobierno nacional, que entró formalmente en vigencia tras 90 días de su publicación.

El aporte, que regía desde 2008, representaba una carga económica de $4.725,02 por trabajador registrado, independientemente de si el empleado participaba o no de alguna instancia de capacitación. El cese de esta obligación representa un alivio de más de $70.000 millones al año para el sector mercantil, considerando que alcanza a un universo de 1,2 millones de trabajadores.

Fin de un aporte obligatorio tras 17 años
La medida está en línea con el proceso de desregulación impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, y responde a uno de los principios establecidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: eliminar aquellas cargas impuestas sin contraprestación clara ni voluntariedad.

Según el decreto, las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer aportes o contribuciones en beneficio de cámaras o asociaciones empresarias a empleadores que no estén afiliados, salvo que acepten hacerlo voluntariamente. Esto deja sin efecto el esquema que sostenía el financiamiento de INACAP a través de una carga fija a los empleadores del sector comercial.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), celebraron la novedad al señalar que “representa un cambio significativo en las obligaciones que hasta ahora debían cumplir los empleadores”, y remarcaron que durante 17 años “los comerciantes del país tuvimos que pagar la cuenta de una mesa de la que no participamos”.

En esa línea, cuestionaron también la falta de transparencia en la administración de los fondos recaudados: “No hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos recursos que administran los gremios empresarios”, advirtieron.

El sector pide que se ratifique por ley
Si bien el decreto ya rige, desde el sector empresario piden que la medida sea ratificada por el Congreso para evitar que futuros gobiernos puedan revertir la decisión. “Es importante que esto quede asegurado por ley para dar previsibilidad al sector y que no se vuelva a imponer una carga que funcionó por imposición y sin control”, plantearon desde CADAM.

Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger celebró la entrada en vigencia del decreto en su cuenta de X (ex Twitter), destacando que “con esto bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros, comercio internacional, gastronomía y contratación de maestranza”.

Y agregó: “La libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que nos propone el presidente Javier Milei”.

Con esta modificación, las empresas que opten por continuar con el aporte podrán hacerlo de forma voluntaria. Sin embargo, distintas cámaras del sector ya anticiparon que no tienen previsto mantener el esquema, al menos en los términos anteriores.