El Gobierno logró apoyo internacional para presionar a la Justicia de EE.UU.
El G-77 envió una nota a los tribunales en repudio al fallo contra el país. También se explayaron Rusia y la ONU. Kicillof pidió trato justo para negociar con holdouts.
El Gobierno obtuvo ayer un fuerte apoyo internacional para reclamar un trato justo en la negociación con los fondos buitre, a la espera de que el juez de Nueva York resuelva, en las próximas horas, si hace lugar o no al pedido de medida cautelar para blindar los pagos de deuda reestructurada del próximo lunes.
En paralelo, el facilitador designado por Griesa para acercar a las partes, Daniel Pollack, confirmó ayer que, como había informado El Cronista, los abogados del país y de los holdouts mantuvieron conversaciones, sin llegar a un acuerdo. El mediador agregó que las negociaciones se mantendrán confidenciales.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, llegó a la mañana a Nueva York, donde disertó ante representantes del G-77 más China de la ONU. El titular del Palacio de Hacienda se reunió por la mañana con los abogados del estudio Cleary & Gottlieb, que representa al país, pero no mantuvo contactos con el tribunal ni los letrados de los litigantes.
El Gobierno obtuvo un respaldo importante del grupo de países que integran el G-77. "Vimos que la posición de la Argentina ha sido entendida y fue acompañada con una nota al juez que entiende en la causa, a la Corte Suprema y al gobierno de los Estados Unidos", señaló Kicillof, durante una conferencia de prensa posterior a su exposición en la ONU.
"Esto se ha convertido en una abrumadora multitud de países que van a expresar las consecuencias de este fallo en una carta de apoyo", resaltó, acompañado por el canciller Héctor Timerman.
En la rueda de prensa, Kicillof aprovechó para reclamar nuevamente la cautelar o stay, por deja al país con posibilidades de que se le embarguen los pagos de los bonos que vencen el lunes por u$s 900 millones, y que los fondos buitre pidieron a Griesa que no le otorgue al país el pedido si no hay garantías de negociación.
"No puede ser que en 3 días un país no tenga otra (opción) que tener una deuda nueva de u$s 15.000 o u$s 120.000 millones de dólares", enfatizó Kicillof. Y volvió a remarcar: "La Argentina quiere seguir pagando pero no la dejan, es un caso inédito, insólito".
Con los apoyos políticos logrados, que no evitaron la ratificación del fallo contra el país por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, la expectativa del Gobierno es que ahora sean considerado por Griesa y que éste haga lugar al pedido de una medida cautelar efectuado por Argentina, que evite embargos sobre los pagos regulares de deuda para saldar la sentencia por u$s 1.330 millones a favor de los holdouts. "Lo único que tenemos es el silencio de Griesa", lamentó Kicillof.
A la declaración del G77 se agregó un comunicado de la ONU, que alertó sobre el efecto del fallo en las finanzas internacionales (ver pag. 3). Además, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, recibió ayer en Moscú al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y le hizo saber: "Apoyamos a la Argentina en el objetivo de saldar su deuda". Domínguez visitará hoy la Duma rusa e intentará llevarse una declaración de apoyo de todo el Parlamento de ese país.
Poroteo
En paralelo a la recolección de apoyos internacionales, el mediador Pollack confirmó que, como anticipó ayer El Cronista, las gestiones comenzaron, aunque sin avances significativos. "Los abogados de las partes se reunieron conmigo ayer (por el martes) por varias horas y también se han comunicado conmigo telefónicamente en el curso de las últimas 48 horas", declaró en un comunicado el mediador. "No se ha llegado a ninguna resolución. Las partes, por intermedio de sus abogados, han aceptado mantener confidenciales la substancia de sus discusiones para facilitar la posibilidad de una futura resolución", finalizó.
Los fondos buitre reclaman que Argentina haga una oferta antes de pedirle a Griesa que levante la cautelar. Consideran que pueden negociar hasta el 30 de julio, ya que el país tiene un mes de gracia para pagar sus compromisos (u$s 900 millones) antes de entrar en default. Argentina no quiere mostrar cartas hasta que la justicia de Estados Unidos no reponga el amparo.
