El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, aprobó una revisión integral del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, una de las principales arterias de comercio exterior de la Argentina. La medida, fue oficializada a través de la Disposición 24/2024.

La Vía Navegable Troncal, que abarca el tramo del Río Paraná comprendido entre el kilómetro 1238 (Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas en el Río de la Plata exterior, es esencial para el transporte de productos agropecuarios y otros bienes de exportación. La vía permite la navegación de grandes embarcaciones, que transportan los productos desde el corazón agrícola y productivo del país hacia los mercados internacionales.

Antecedentes y contexto de la medida

El proceso de concesión de esta vía navegable paso por varios hitos importantes en los últimos años. En 2021, el decreto 427 otorgó a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP) la responsabilidad de operar y mantener la vía. Este acuerdo abarcaba tareas clave como el dragado (remoción de sedimentos del fondo del río para mantener su profundidad), redragado, señalización y control hidrológico. Originalmente, el contrato tenía una duración de 12 meses, pero con posibilidad de prórroga hasta que se adjudicara una nueva licitación pública, convocada por el decreto 949/2020.

El contrato fue prorrogado sucesivamente debido a la importancia de mantener estos servicios esenciales sin interrupciones. Sin embargo, en 2024, un nuevo marco normativo llevo a una actualización del enfoque estatal hacia la gestión de la Vía Navegable Troncal.

A través del decreto 699/2024, emitido en agosto de este año, se declaró que las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional son servicios públicos. Esto implica que el Estado asume una mayor responsabilidad en garantizar que estos servicios se presten de manera eficiente y continua, debido a su importancia para la economía argentina.

Además, mediante el decreto 709/2024, el gobierno derogó el decreto 949/2020, que había delegado en el Ministerio de Transporte la licitación de la Vía Navegable Troncal. Con esta derogación, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumió la tarea de revisar integralmente el contrato de concesión con la AGP.

La importancia estratégica de la Vía Navegable Troncal

La Vía Navegable Troncal es una infraestructura esencial para el comercio exterior argentino. A través de ella transitan las embarcaciones que transportan una parte significativa de las exportaciones del país, principalmente productos agrícolas como soja, maíz y trigo. Este corredor fluvial conecta el centro productivo de la Argentina con el océano Atlántico, facilitando el acceso a los mercados internacionales.

Además de ser un recurso clave para el comercio, la Vía Navegable Troncal es fundamental para las economías regionales. Las provincias del Litoral, así como otras regiones productoras, dependen de esta vía para exportar sus productos a un costo competitivo. Cualquier interrupción en el servicio podría tener un impacto negativo en la actividad económica de estas zonas.

El Estado argentino, consciente de la importancia estratégica de la Vía Navegable Troncal, tomo medidas para garantizar que se mantenga en condiciones óptimas. Esto incluye no solo el mantenimiento físico de la vía (dragado y señalización), sino también la modernización de los sistemas de gestión y control para adaptarse a los avances tecnológicos.

Detalles de la revisión integral del contrato

La Disposición 24/2024 establece una revisión integral del contrato de concesión vigente desde septiembre de 2021 entre el Estado Nacional y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado. Esta revisión tiene como objetivo principal asegurar que el servicio continúe brindándose de manera regular y eficiente hasta que se adjudique una nueva licitación pública.

Uno de los aspectos clave de la revisión es la inclusión de mejoras tecnológicas en el sistema de señalización y control hidrológico de la vía navegable. Estas actualizaciones son necesarias para garantizar que la vía siga siendo segura y eficiente en el contexto de un entorno comercial cada vez más competitivo.

Asimismo, se puso énfasis en la planificación y ejecución de trabajos de dragado y redragado. Estas tareas son esenciales para mantener la profundidad necesaria para que grandes embarcaciones puedan transitar por el río sin problemas. El dragado constante es una medida preventiva para evitar la acumulación de sedimentos que podrían obstaculizar la navegación.

Además, la revisión del contrato incluye un apartado sobre la modernización del sistema de señalización. Este sistema es crucial para guiar a los barcos a través de las zonas más seguras del río, especialmente en condiciones climáticas adversas o de baja visibilidad. La modernización permitirá implementar tecnología avanzada que mejore la precisión y seguridad del tránsito fluvial.

Por último, se prevé la incorporación de nuevos instrumentos de gestión que permitan adaptar las operaciones de la vía navegable a los avances tecnológicos y a las mejores prácticas internacionales. Esto incluye la implementación de herramientas de control hidrológico que permitan monitorear en tiempo real las condiciones del río, facilitando una toma de decisiones más ágil y eficiente.

Impacto en el desarrollo económico y el comercio exterior

La revisión del contrato y la modernización de la Vía Navegable Troncal representan una apuesta del gobierno argentino por consolidar y mejorar una infraestructura clave para el crecimiento económico del país. Al garantizar la navegabilidad continua y en condiciones competitivas, se asegura que las exportaciones argentinas sigan llegando a los mercados internacionales de manera eficiente.

El gobierno también destaca que esta medida busca proteger el interés público. La continuidad de los servicios de la Vía Navegable Troncal es fundamental para evitar interrupciones que podrían poner en riesgo la operatividad de los puertos, con posibles consecuencias negativas para las economías regionales y para el comercio exterior.