Temor entre empresarios por un posible default
El no pago cortaría créditos para la producción y la financiación de importaciones. Argentina insiste en que sin el stay hasta 2015 no puede cumplir.
El futuro de la deuda externa argentina tendrá mañana una parada importantísima en el despacho del juez de Nueva York Thomas Griesa. En una audiencia pedida por los bancos pagadores, el magistrado decidirá si permite pagar los bonos de legislación europea, si otorga una medida cautelar que libere los fondos destinados a los vencimientos congelados desde el 27 de junio o si deja todo igual. Si esto último ocurre, el Gobierno ya avisó que responsabilizará a la justicia de Estados Unidos por el default forzoso.
Esta situación tiene en vilo a los empresarios. Con Argentina alejada del mercado de capitales, los efectos de un default caerán sobre las provincias, que sí toman deuda, y las empresas que se financian con sus casas matrices o sus clientes del exterior para pagar importaciones.
La posibilidad de que Argentina entre en default atravesó el almuerzo que mantuvieron el sábado en la Exposición Rural los integrantes del Fondo de Convergencia Empresaria. Los integrantes de la Sociedad Rural (SRA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa, entre otras organizaciones, apuestan a que el país y los fondos buitre arreglen un pago para la sentencia por u$s 1.500 millones a favor de los poseedores de títulos en default.
Para los empresarios, luego de haber arreglado con Repsol y el Club de París, ir al default por un grupo ínfimo de holdouts sería hasta desopilante y se resisten a creerlo. Pero alertan sobre sus efectos, que van más allá de la corrida cambiaria. El crédito para la producción se termina. En el ambiente del comercio exterior siempre hay financiamiento de las casas matrices o de los proveedores; ese tipo de situaciones pasa a ser imposible; las importaciones se van a comprar en efectivo y por adelantado, con un aumento de costos espeluznante que quitará competitividad, alertó Miguel Ponce, Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores (CIRA).
Pero Argentina insiste en que un acuerdo de ese tipo antes de 2015 violaría la cláusula RUFO de los bonos del canje, que obligan a equiparar al resto de los acreedores cualquier oferta mejor a la de la reestructuración.
Por lo pronto, los abogados de Argentina irán mañana al despacho de Griesa sin haber sido convocados, como interesados. Griesa convocó al Bank Of New York (BONY), la cámara compensadora Euroclear y los Eurobonhloders y los fondos buitre. Los primeros quieren que el juez deje girar los u$s 539 millones que Argentina ya depositó. Los holdouts presionan para que no lo haga. La posición del país es terminante: o el juez repone la medida cautelar hasta fin de año y permite pagar la deuda reestructurada, o envía a Argentina al default forzoso. En ese sentido, la semana pasada, el Gobierno comenzó a acomodar el discurso. Argentina ya pagó, repitieron la presidenta Cristina Fernández y los funcionarios. El problema, bajo esa lectura, es de Griesa, los bancos y los bonistas.
