Gobierno defiende cambios en la ley de abastecimiento
Jorge Capitanich aseguró que la iniciativa oficial es "constitucional", luego de que la UIA alertara que la Casa Rosada busca una "estatización del mercado"
Cristina Kirchner y el titular de la UIA, Héctor Méndez, en 2013; hoy discuten por las reformas a la ley de abastecimiento.
El Gobierno salió a responder a las advertencias de la Unión Industrial Argentina (UIA), que en las últimas horas cuestionó la iniciativa oficial de modificar la ley de abastecimiento y alertó que el objetivo final es una "estatización del mercado".
A través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la Casa Rosada planteó que el proyecto respeta la Constitución Nacional y que busca una "transformación revolucionaria", además de significar "una garantía reparadora para el consumidor".
El temor de los empresarios es que haya un mayor intervencionismo estatal. Un día después de la reunión con el secretario de Comercio, Augusto Costa, en la junta directiva de la UIA hubo ayer un consenso muy amplio a la hora de criticar con dureza el proyecto de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, que impulsa el Poder Ejecutivo para reemplazar a la ley de abastecimiento y que por ahora se debate en el Senado, aunque aún no tuvo giro en las comisiones.
En su conferencia de prensa de esta mañana, Capitanich aseguró que el Gobierno busca "un debate abierto". y precisó que la propuesta modificaría cuatro leyes: la de defensa del consumidor, la de defensa de la competencia, la de abastecimiento y la de lealtad al consumidor.
El jefe de Gabinete mencionó que el proyecto busca incorporar "sanciones pecuniarias regidas por el principio de pague ahora y reclame después" y también tiende a "generar un marco regulatorio para el proceso de formación de precios tendiente a generar mayor equidad en la cadena de valor". El Gobierno dice buscar evitar la concentración y el monopolio.
El proyecto oficial fue tildado ayer por el presidente de la UIA, Héctor Méndez, como "peligroso". Según el empresario del plástico, la iniciativa "puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo". Méndez advirtió: "El proyecto propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades que, desde nuestra perspectiva, pueden ser perjudiciales".
Los hombres de negocios se mostraron preocupados por la posibilidad de que la Secretaría de Comercio, "en caso de ser estrictamente necesario", pueda "establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios" y "volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios".
En otro artículo se establece además que la Secretaría que encabeza Augusto Costa podrá "requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico" y la autoriza a "disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales" y "a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo".
También critican que en el nuevo proyecto se autorice a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para "fijar en sus jurisdicciones precios máximos".
En el caso de las penas para las empresas, si bien se elimina la posibilidad de ir a la cárcel, se elevan las multas hasta llegar a los $ 10 millones y se autoriza para clausurar un comercio o una empresa por un plazo de 90 días. Otro punto que preocupa a los empresarios es que en el artículo 6° se dispone que "en caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento".
