Campo, en pie de guerra por suba en Inmobiliario
Contracara de la disminución de Ingresos Brutos de acuerdo con pautas del Consenso Fiscal. Provincias, obligadas a “compensar” caída de ingresos con ajustes en otros impuestos.
Campo, en pie de guerra por suba en Inmobiliario.
Las cámaras que representan al agro en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe elevaron sus quejas ante los gobiernos provinciales por el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para el ejercicio 2019.
A raíz del Pacto Fiscal que los gobernadores firmaron hace un año, las administraciones subnacionales se vieron en la obligación de disminuir alícuotas en Ingresos Brutos (IIBB) en especial a la actividad productiva por ser considerado un impuesto distorsivo. La ingeniería de compensación requirió de ajustes en otros gravámenes y el Inmobiliario fue uno de los ítems que se retocaron. Pero, en particular por la suba a propiedades rurales, las cámaras levantaron la voz.
Así, este fin de semana Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (CARSFE) envió una nota al gobernador socialista Miguel Lifschitz donde rechaza los cambios, que según sus cálculos, pueden llegar a aumentos de hasta 89% y que “resultan totalmente exorbitantes”. La provincia presentó en la pauta de gastos una suba promedio del 31,5%, aunque hay tratamientos diferenciales.
Sobre esto, CARSFE evaluó “positivamente” la reducción adicional del valor nominal que podrán solicitar aquellos propietarios de predios que no superen las 50 hectáreas y que exploten de manera personal el mismo, como así también que se avance hacia la eliminación del adicional por Grandes Propietarios Rurales. Sin embargo, la entidad cuestionó el “coeficiente de convergencia” que establece la ley impositiva que puede llevar a incrementos de hasta 89%, en una serie de escalas intermedias que “superan largamente las proyecciones de inflación presupuestarias en el orden nacional para 2019”, según indica el texto firmado por Carlos Castagnani e Ignacio Mántara, presidente y secretario de CARSFE, respectivamente. Y piden a Lifschitz que “la ley sea vetada parcialmente” en caso de que sea aprobada en la legislatura.
En Buenos Aires, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) también se había expresado contra la suba promedio del 38% que estableció la administación de la macrista María Eugenia Vidal. “Llega en un momento muy complicado para la producción, con subas de costos. El productor está con poca paciencia”, dijo Matías de Velazco, presidente de la entidad. Además, CARBAP pidió “gestos hacia el campo” a Vidal. Sin embargo, destacó la baja de IIBB a la actividad primaria en la provincia.
Por su parte, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba rechazó también la propuesta del gobierno del peronista Juan Schiaretti, que planteó aumentos de hasta 56% para campos de 200 hectáreas, 38% para los de menos de 50, y 51% para los que tiene una superficie intermedia.
En esta línea, Gabriel de Raedemaeker, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pidió al gobierno posponer el vencimiento de la primera cuota para abril. “El productor ya no está en condiciones de seguir soportando una presión fiscal de este tipo”, dijo.